Apollinaire en Las tetas de Tiresias??(drama surrealista, junio 1917), en el Prefacio de la obra, afirma:
"Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el surrealismo... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna."
A veces, algunas veces más de las deseadas, al visitar la prensa diaria, me sorprenden noticias como, "El PP presentará una Proposición No de Ley (PNL) para «poner en valor la cohesión y la unidad de España», es en esos instantes cuando vienen a mi memoria las líneas de Apollinaire.
Tras retornar al sentido común, por más que lo reflexiono, desconozco, ignoro la relación que seguro no existe entre Canarias, entre el Parlamento de Canarias, (otorgado y no refrendado como el famélico estatuto) y el hecho de que la cámara autonómica deba juramentarse sobre "la indisoluble unidad de España".
Para refrendar su unidad española acuden a Canarias, a la postcolonia que sigue siendo una colonia. De acuerdo, parece que tiene su lógica, aquí en estas islas africanas confirmarán los isleños la unidad de ellos, y como quien no quiere la cosa, también prometerán lealtad y evangelización los administradores de España en Canarias. No cabe duda que es ingenioso. Estoy por echarles una mano y proponer que se debata la PNL en Guinea y Filipinas. Agrandemos la grandeza del imperio.
A esos ciudadanos canarios que se sientan en ese parlamento que no es parlamento, en el que solo se legisla aquellos pedacitos de instrucciones, de reglamentos que desarrollan leyes que no hemos dictado, les pregunto qué hacen debatiendo la unidad de España en esta colonia con un 33% de excluidos sociales.
Analicemos algunos datos que nos permitan responder a la siguiente cuestión ¿En qué contexto surge esta extravagante propuesta, reflejo burdo de un enfoque político global?
En los últimos años, como resultado de la crisis socioeconómica y política en los países desarrollados, una crisis no generada por sus sociedades pero sí pagadas por ellas. De forma consciente se ha causado un daño irreparable en sus respectivas poblaciones, en la comunidades y pueblos con voluntad, ambición y razón para conformarse como estados independientes. De forma consciente, repito, han agudizado, extremado e incrementado los mecanismo de control y dominación, no solo y lamentablemente en el ámbito de los derechos civiles o laborales, también en los de los pueblos que reclaman sus derechos nacionales y en aquellos que aún permanecen colonizados.
Si el siglo XX significó, en parte, la conquista de derechos para los ciudadanos de las sociedades occidentales y para los pueblos, el transcurso del siglo XXI muestra un claro y evidente menoscabo y desprecio hacia los mismos. El neoliberalismo salvaje requiere el desmantelamiento de gran parte de los derechos conquistados y la eliminación del cuerpo jurídico que protegían a los ciudadanos y las sociedades.
En este contexto las contradicciones y ausencias de libertades, como siempre ha acontecido a lo largo de la historia, se agudizan y extreman en las colonias, y en consecuencia se dificulta la liberación de los pueblos, atenazados en libertades individuales y colectivas.
Las últimas décadas del siglo XX y los comienzos de este siglo XXI se caracterizan por la significativa disminución del poder decisorio de los Estados, es decir de su capacidad de elegir y dirigir sus políticas sociales y económicas ya que la toma de decisiones de carácter económico y social se articulan en ámbitos trasnacionales y corresponden a las grandes corporaciones.
Jamás ha habido una cesión tan evidente del poder político en favor del capital y de los flujos y reflujos del mercado bursátil y financiero. Así asistimos a un periodo histórico en que la evolución de las sociedades, sin ningún tipo de recato, depende esencialmente de los intereses del mercado, de un mercado global que no entiende de los efectos sobre las sociedades de sus acciones. Los mercados dirigen los gobiernos, no los gobiernos dirigen los mercados.
La consecuencia de lo anterior es que los estados tradicionales europeos, siempre celosos de su soberanía, han perdido o cedido su capacidad de organizar sus propias sociedades. Este hecho resulta evidente en la UE, en la que observamos como los estados se encuentran intervenidos directa o indirectamente por los intereses de la Banca y de las grandes corporaciones, articulados desde la triada BCE, FMI- BM y el Consejo Europeo. Todos ellos en representación de los intereses del capital financiero y especulativo. Tal es la resultante que esa triada señala y determina la mejor expresión de la política y la soberanía de un país, sus presupuestos y el hecho significativo de que los estados son, paradójicamente, acreedores de dicha triada
Estos estados europeos que mantienen bajo su dominio a naciones y colonias hostigan con dureza cualquier atisbo de emancipación. Las exigencias de los acreedores obligan a los Estados a políticas claramente antisociales y extremadamente inflexibles con la emancipación de los pueblos, como consecuencia de ello, los estado modernos que fueron conformados, a partir de la Revolución Francesa, recordemos las aportaciones de Montesquieu y Rousseau, con la división de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, se ve truncada en la actualidad con la práctica extinción de esa división, siendo el legislativo y el judicial meros instrumentos de poder ejecutivo, que se encuentra cedido a los poderes económicos reales del mundo globalizado.
Por otro lado los intereses del capital internacionalizado han generalizado una grave crisis económica que ha repercutido gravemente sobre las clases medias y populares, generando múltiples movimientos de protestas que han sido contenidos por varios medios:
-Represión de dichos movimientos.
-Reconducción para su integración en el modelo impuesto.
-Restricción de las libertades a través de legislaciones penalizadoras y restrictivas de las libertades.
En esta convulsa realidad y como consecuencia de ella, el estado español además de utilizar las dos primeras vías, ha conformado un cuerpo legislativo que responde a la necesidad de limitar el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, y especialmente de las naciones que reclaman sus derechos como Cataluña o Euskadi y de las colonias como Canarias, Ceuta y Melilla.
Un marco legal que como ha advertido las Naciones Unidas atenta contra derechos elementales.
Estos son los cuatro instrumentos que conforman el marco legal reaccionario que ha conformado el estado español.
Primer instrumento represivo y contra las libertades. La reforma del Código Penal.
Las reformas del Código Penal son de tal calibre que 63 catedráticos de Derecho Penal españoles la consideran autoritarias y regresivas. Estos docentes universitarios piden su derogación, al tiempo que arremeten contra Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por ley mordaza y la ley de seguridad privada. De estas dos leyes piden también su derogación por la mayoría parlamentaria surgida de las próximas elecciones.
Por resumir las consideraciones que hacen de estos marcos legales basta leer este párrafo:
"Las reformas propuestas beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas".
Si desde la metrópoli esta es la visión que se tiene, resulta obvio que las repercusiones de estas legislaciones en la colonia son de muchos más cruentas y fomentan y facilitan la represión y los miedos y temores propios del colonizado, colaborando en la desactivación de los movimientos reivindicativos en las islas y la construcción de organizaciones de naturaleza anticolonial.
Para concluir basta leer las afirmaciones que hace la ONU y que instan al gobierno español a revisarla:
"Preocupa al Comité el efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica…" Añadiendo "…uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales". Naciones Unidas denuncia al Ejecutivo español por utilizar "términos vagos y ambiguos". En definitiva critican a la aplicación "discrecional" de la Ley.
El segundo instrumento: Normativa de Seguridad Nacional.
Esta normativa gestada para impedir y abortar cualquier posibilidad de emancipación de un territorio. Para la necesaria y próxima descolonización de Canarias es notable la transcendencia que tiene.
Tercer instrumento: Las reformas que afectan al Tribunal Constitucional.
La clara naturaleza política de este tribunal ha hecho que el gobierno español reconvierta este órgano en un tribunal ordinario de tal manera que le otorga una naturaleza claramente sancionadora a las órdenes directas del Gobierno español. Esta reforma intenta quebrar cualquier resquicio legal y dar justificación y apariencia jurídica a sus acciones.
Cuarto instrumento: El ejercicio al derecho de consulta y referéndum. La presentación de leyes de iniciativa popular.
Tanto la consulta sobre el petróleo propuesta por las instituciones canarias y los movimientos sociales, como la consulta catalana muestran que el estado español niega cualquier posibilidad de ejercicio del derecho de los pueblos a decidir en torno a aquellos asuntos que consideren de interés general.
Pero tampoco existe ninguna posibilidad de utilizar vías democráticas como el referéndum o la consulta para la resolución de conflictos con el estado español. Por último, incluso vías como las iniciativas populares de carácter legislativo en el ámbito del pseudoparlamento de Canarias también se hacen inviables, ya que las mismas son permanentemente rechazadas por el Gobierno y Parlamento.
Así, como afirma el magistrado Luis Carlos Nieto García en su artículo titulado: Justicia, legalidad y derechos humanos. "Existe por tanto una relación directa entre el deterioro de los derechos civiles y políticos con el mantenimiento de los recortes en los derechos sociales.
Es más, estamos asistiendo a un momento en el que la posibilidad de reformar la legalidad se está utilizando para restringir derechos esenciales…"
¿Con qué objetivo se presenta dicha PNL en el Parlamento de Canarias?
1. El PP pretende hacer partícipe al Parlamento de Canarias de su particular campaña contra el derecho a decidir de los catalanes y su voluntad forma de ser un Estado.
2. El PP, sabiendo que Canarias es un territorio colonizado, pretende con esta Proposición afirmar la españolidad de un territorio que sabe deberá abandonar y descolonizar España.
3. El PP persigue que las organizaciones políticas canarias, especialmente las de pseudo disciplina canaria o autodenominadas nacionalistas, "juren bandera", asientan la españolidad y quede fijada su posición, de tal manera que tanto en el ámbito nacional como internacional se disipe la auténtica naturaleza colonial. Este escenario no es descartable dado que mantienen unas estrechas relaciones con el PP, otros con el PSOE.
4. El PP completa su estrategia legal, Ley de Seguridad Nacional, con el objeto de hacer a este pueblo participe de futuras intervenciones en Cataluña para abortar el proceso de liberación nacional de Cataluña.
Por todo lo anterior expresamos:
1. Nuestro rechazo a que se vincule indirectamente o directamente a Canarias con cualquier campaña contraria al derecho a decidir de Cataluña y su independencia.
2. Rotunda firmeza de que Canarias es una colonia, como así lo reconocen diversas resoluciones de la ONU y UA, que debe y será descolonizada por España y que ninguna PNL podrá cambiar esa realidad. Invitamos a España a abandonar Canarias.
3. Rechazo a cualquier tipo de intervención española en Cataluña tras la segura voluntad democrática de declaración de Independencia.
4. Advertimos que el apoyo o la aprobación por parte de las fuerzas políticas de obediencia canaria a dicha PNL implica también que dichas fuerzas abandonan definitivamente cualquier proximidad o cercanía al movimiento democrático anticolonial y se conforman como fuerzas de políticas nacionales españolas.
Chema Hernández
Comisionado del CDTN
"Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el surrealismo... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna."
A veces, algunas veces más de las deseadas, al visitar la prensa diaria, me sorprenden noticias como, "El PP presentará una Proposición No de Ley (PNL) para «poner en valor la cohesión y la unidad de España», es en esos instantes cuando vienen a mi memoria las líneas de Apollinaire.
Tras retornar al sentido común, por más que lo reflexiono, desconozco, ignoro la relación que seguro no existe entre Canarias, entre el Parlamento de Canarias, (otorgado y no refrendado como el famélico estatuto) y el hecho de que la cámara autonómica deba juramentarse sobre "la indisoluble unidad de España".
Para refrendar su unidad española acuden a Canarias, a la postcolonia que sigue siendo una colonia. De acuerdo, parece que tiene su lógica, aquí en estas islas africanas confirmarán los isleños la unidad de ellos, y como quien no quiere la cosa, también prometerán lealtad y evangelización los administradores de España en Canarias. No cabe duda que es ingenioso. Estoy por echarles una mano y proponer que se debata la PNL en Guinea y Filipinas. Agrandemos la grandeza del imperio.
A esos ciudadanos canarios que se sientan en ese parlamento que no es parlamento, en el que solo se legisla aquellos pedacitos de instrucciones, de reglamentos que desarrollan leyes que no hemos dictado, les pregunto qué hacen debatiendo la unidad de España en esta colonia con un 33% de excluidos sociales.
Analicemos algunos datos que nos permitan responder a la siguiente cuestión ¿En qué contexto surge esta extravagante propuesta, reflejo burdo de un enfoque político global?
En los últimos años, como resultado de la crisis socioeconómica y política en los países desarrollados, una crisis no generada por sus sociedades pero sí pagadas por ellas. De forma consciente se ha causado un daño irreparable en sus respectivas poblaciones, en la comunidades y pueblos con voluntad, ambición y razón para conformarse como estados independientes. De forma consciente, repito, han agudizado, extremado e incrementado los mecanismo de control y dominación, no solo y lamentablemente en el ámbito de los derechos civiles o laborales, también en los de los pueblos que reclaman sus derechos nacionales y en aquellos que aún permanecen colonizados.
Si el siglo XX significó, en parte, la conquista de derechos para los ciudadanos de las sociedades occidentales y para los pueblos, el transcurso del siglo XXI muestra un claro y evidente menoscabo y desprecio hacia los mismos. El neoliberalismo salvaje requiere el desmantelamiento de gran parte de los derechos conquistados y la eliminación del cuerpo jurídico que protegían a los ciudadanos y las sociedades.
En este contexto las contradicciones y ausencias de libertades, como siempre ha acontecido a lo largo de la historia, se agudizan y extreman en las colonias, y en consecuencia se dificulta la liberación de los pueblos, atenazados en libertades individuales y colectivas.
Las últimas décadas del siglo XX y los comienzos de este siglo XXI se caracterizan por la significativa disminución del poder decisorio de los Estados, es decir de su capacidad de elegir y dirigir sus políticas sociales y económicas ya que la toma de decisiones de carácter económico y social se articulan en ámbitos trasnacionales y corresponden a las grandes corporaciones.
Jamás ha habido una cesión tan evidente del poder político en favor del capital y de los flujos y reflujos del mercado bursátil y financiero. Así asistimos a un periodo histórico en que la evolución de las sociedades, sin ningún tipo de recato, depende esencialmente de los intereses del mercado, de un mercado global que no entiende de los efectos sobre las sociedades de sus acciones. Los mercados dirigen los gobiernos, no los gobiernos dirigen los mercados.
La consecuencia de lo anterior es que los estados tradicionales europeos, siempre celosos de su soberanía, han perdido o cedido su capacidad de organizar sus propias sociedades. Este hecho resulta evidente en la UE, en la que observamos como los estados se encuentran intervenidos directa o indirectamente por los intereses de la Banca y de las grandes corporaciones, articulados desde la triada BCE, FMI- BM y el Consejo Europeo. Todos ellos en representación de los intereses del capital financiero y especulativo. Tal es la resultante que esa triada señala y determina la mejor expresión de la política y la soberanía de un país, sus presupuestos y el hecho significativo de que los estados son, paradójicamente, acreedores de dicha triada
Estos estados europeos que mantienen bajo su dominio a naciones y colonias hostigan con dureza cualquier atisbo de emancipación. Las exigencias de los acreedores obligan a los Estados a políticas claramente antisociales y extremadamente inflexibles con la emancipación de los pueblos, como consecuencia de ello, los estado modernos que fueron conformados, a partir de la Revolución Francesa, recordemos las aportaciones de Montesquieu y Rousseau, con la división de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, se ve truncada en la actualidad con la práctica extinción de esa división, siendo el legislativo y el judicial meros instrumentos de poder ejecutivo, que se encuentra cedido a los poderes económicos reales del mundo globalizado.
Por otro lado los intereses del capital internacionalizado han generalizado una grave crisis económica que ha repercutido gravemente sobre las clases medias y populares, generando múltiples movimientos de protestas que han sido contenidos por varios medios:
-Represión de dichos movimientos.
-Reconducción para su integración en el modelo impuesto.
-Restricción de las libertades a través de legislaciones penalizadoras y restrictivas de las libertades.
En esta convulsa realidad y como consecuencia de ella, el estado español además de utilizar las dos primeras vías, ha conformado un cuerpo legislativo que responde a la necesidad de limitar el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, y especialmente de las naciones que reclaman sus derechos como Cataluña o Euskadi y de las colonias como Canarias, Ceuta y Melilla.
Un marco legal que como ha advertido las Naciones Unidas atenta contra derechos elementales.
Estos son los cuatro instrumentos que conforman el marco legal reaccionario que ha conformado el estado español.
Primer instrumento represivo y contra las libertades. La reforma del Código Penal.
Las reformas del Código Penal son de tal calibre que 63 catedráticos de Derecho Penal españoles la consideran autoritarias y regresivas. Estos docentes universitarios piden su derogación, al tiempo que arremeten contra Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por ley mordaza y la ley de seguridad privada. De estas dos leyes piden también su derogación por la mayoría parlamentaria surgida de las próximas elecciones.
Por resumir las consideraciones que hacen de estos marcos legales basta leer este párrafo:
"Las reformas propuestas beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas".
Si desde la metrópoli esta es la visión que se tiene, resulta obvio que las repercusiones de estas legislaciones en la colonia son de muchos más cruentas y fomentan y facilitan la represión y los miedos y temores propios del colonizado, colaborando en la desactivación de los movimientos reivindicativos en las islas y la construcción de organizaciones de naturaleza anticolonial.
Para concluir basta leer las afirmaciones que hace la ONU y que instan al gobierno español a revisarla:
"Preocupa al Comité el efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica…" Añadiendo "…uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales". Naciones Unidas denuncia al Ejecutivo español por utilizar "términos vagos y ambiguos". En definitiva critican a la aplicación "discrecional" de la Ley.
El segundo instrumento: Normativa de Seguridad Nacional.
Esta normativa gestada para impedir y abortar cualquier posibilidad de emancipación de un territorio. Para la necesaria y próxima descolonización de Canarias es notable la transcendencia que tiene.
Tercer instrumento: Las reformas que afectan al Tribunal Constitucional.
La clara naturaleza política de este tribunal ha hecho que el gobierno español reconvierta este órgano en un tribunal ordinario de tal manera que le otorga una naturaleza claramente sancionadora a las órdenes directas del Gobierno español. Esta reforma intenta quebrar cualquier resquicio legal y dar justificación y apariencia jurídica a sus acciones.
Cuarto instrumento: El ejercicio al derecho de consulta y referéndum. La presentación de leyes de iniciativa popular.
Tanto la consulta sobre el petróleo propuesta por las instituciones canarias y los movimientos sociales, como la consulta catalana muestran que el estado español niega cualquier posibilidad de ejercicio del derecho de los pueblos a decidir en torno a aquellos asuntos que consideren de interés general.
Pero tampoco existe ninguna posibilidad de utilizar vías democráticas como el referéndum o la consulta para la resolución de conflictos con el estado español. Por último, incluso vías como las iniciativas populares de carácter legislativo en el ámbito del pseudoparlamento de Canarias también se hacen inviables, ya que las mismas son permanentemente rechazadas por el Gobierno y Parlamento.
Así, como afirma el magistrado Luis Carlos Nieto García en su artículo titulado: Justicia, legalidad y derechos humanos. "Existe por tanto una relación directa entre el deterioro de los derechos civiles y políticos con el mantenimiento de los recortes en los derechos sociales.
Es más, estamos asistiendo a un momento en el que la posibilidad de reformar la legalidad se está utilizando para restringir derechos esenciales…"
¿Con qué objetivo se presenta dicha PNL en el Parlamento de Canarias?
1. El PP pretende hacer partícipe al Parlamento de Canarias de su particular campaña contra el derecho a decidir de los catalanes y su voluntad forma de ser un Estado.
2. El PP, sabiendo que Canarias es un territorio colonizado, pretende con esta Proposición afirmar la españolidad de un territorio que sabe deberá abandonar y descolonizar España.
3. El PP persigue que las organizaciones políticas canarias, especialmente las de pseudo disciplina canaria o autodenominadas nacionalistas, "juren bandera", asientan la españolidad y quede fijada su posición, de tal manera que tanto en el ámbito nacional como internacional se disipe la auténtica naturaleza colonial. Este escenario no es descartable dado que mantienen unas estrechas relaciones con el PP, otros con el PSOE.
4. El PP completa su estrategia legal, Ley de Seguridad Nacional, con el objeto de hacer a este pueblo participe de futuras intervenciones en Cataluña para abortar el proceso de liberación nacional de Cataluña.
1. Nuestro rechazo a que se vincule indirectamente o directamente a Canarias con cualquier campaña contraria al derecho a decidir de Cataluña y su independencia.
2. Rotunda firmeza de que Canarias es una colonia, como así lo reconocen diversas resoluciones de la ONU y UA, que debe y será descolonizada por España y que ninguna PNL podrá cambiar esa realidad. Invitamos a España a abandonar Canarias.
3. Rechazo a cualquier tipo de intervención española en Cataluña tras la segura voluntad democrática de declaración de Independencia.
4. Advertimos que el apoyo o la aprobación por parte de las fuerzas políticas de obediencia canaria a dicha PNL implica también que dichas fuerzas abandonan definitivamente cualquier proximidad o cercanía al movimiento democrático anticolonial y se conforman como fuerzas de políticas nacionales españolas.
Chema Hernández
Comisionado del CDTN
